Justicia


El Doctor Elías Carranza, director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, nos asombró al afirmar que Cuba es el país más seguro de la región, durante su Conferencia Magistral en el VI Encuentro Internacional Justicia y Derecho realizado a finales del pasado mes de mayo en La Habana. Imaginar como arribó a esa conclusión, cuando la información oficial sobre ese tema ha sido considerada confidencial durante los últimos cincuenta años, es todo un ejercicio parasicológico. Cuba es una singularidad en América, por lo que es complicado compararla con cualquier otro país del hemisferio. Alrededor del veinte por ciento de su población actual se ha visto obligada a emigrar hacia otras tierras, compulsada por un régimen autoritario que dura ya más de medio siglo. El miedo, infundido desde el poder, ha sido y es tal, que ha pasado a ser innato en la sociedad. La determinación de salir del país a cualquier costo continúa siendo una prioridad importante entre algunos grupos sociales, fundamentalmente jóvenes. La desesperanza, la indolencia y la corrupción se han entronizado en la sociedad ante un sistema agotado y en quiebra que no da señales de cambios políticos y sociales reales. En el mejor de los casos Cuba es un país seguro para los extranjeros que nos visitan, pero peligroso para los cubanos que disienten del régimen antidemocrático que detenta el poder real.

Este evento coincidió en fecha con la presentación de un informe sobre el tema de la tortura, ante el Comité al efecto de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, por una delegación del gobierno cubano. Cuba, como Estado parte en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, rindió su informe sobre el estado del sistema penitenciario, la impartición y administración de justicia, las garantías para los detenidos y la ética del sistema de orden público, entre otros aspectos. El jefe de la delegación de la isla, Vice fiscal General del Estado, aseguró que: “En Cuba no hay, ni habrá, espacio para la impunidad”. Dio cifras de quejas de la población atendidas entre los años 2007 y 2011 y de 263 que tuvieron que ver con malos tratos recibidos en centros penitenciarios y que dieron lugar a procesos contra 46 agentes de las fuerzas del orden. Habló también del bloqueo, de los que buscan destruir el orden interno y, de los que están al servicio de una potencia extranjera. Por otra parte el periódico Granma, sorpresivamente, publicó por esos días la existencia de una población penal en el archipiélago cubano de 57 mil 337 prisioneros.

Es siempre una buena noticia conocer que, sobre estos asuntos tan sensibles de justicia penal, las autoridades están tomando medidas y realizando acciones concretas. De la misma manera que llama la atención la publicación de datos que, hasta ahora mismo, constituían secreto estatal. Pero de ahí a plantear que: “En Cuba, los auténticos defensores de los derechos humanos son protegidos”, y que: “Nadie en nuestro país ha sido perseguido o sancionado por ejercer sus derechos, incluidos los de libre expresión y asociación”, es una broma de muy mal gusto. Habría que preguntarse por qué los cientos de detenciones arbitrarias por cortos periodos de tiempo, que ya en el presenta año alcanzan cifras de más de 2 mil 400. O por qué la existencia de la ley 88, que sirve para reprimir cualquier actividad considerada contestataria al poder de las autoridades dictatoriales cubanas. O la figura de peligrosidad delictiva, aplicada ocasionalmente por las entidades represoras. O la pena de muerte, que aún pende sobre la sociedad, pues esta sanción está suspendida, no abolida. Todo esto sin rebuscar en el pasado más reciente o desde los orígenes mismos del llamado proceso revolucionario marxista leninista cubano.

Ignacio Agramonte nos enseñó que la justificación prostituye las ideas y el Santo Padre Juan Pablo II dijo que: “No se trata de olvidar todo lo que ha sucedido, sino de releerlo con sentimientos nuevos, aprendiendo, precisamente de las experiencias sufridas, que solo el amor construye, mientras el odio produce destrucción y ruina”. Entonces, ¿por qué no dan un paso positivo, trascendente, por respeto y consideración al pueblo y son ratificados e implementados por el gobierno cubano los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas? Esta sería, sin lugar a dudas, una perfecta oportunidad para iniciar la verdadera refundación de la nueva sociedad y el estado de derecho de la Nación Cubana y evitaría la vetusta práctica gubernamental de justificar lo que no tiene justificación: la opresión.

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Acerca de Rafael León Rodríguez

Un espacio de opinión desde Cuba
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